Créditos de Carbono: La Paradoja Oculta Detrás de la Minería en la Amazonía

Cuando hablamos de combatir el cambio climático, la conversación se centra frecuentemente en reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en los últimos años ha ganado relevancia un mecanismo que promete algo diferente: en lugar de solo evitar que se emita más carbono, también es posible obtener ingresos económicos al proteger zonas que capturan carbono natural. Este concepto ha generado un movimiento global de compensación de emisiones, pero también ha abierto una puerta a una problemática paradoja ambiental que está ocurriendo justo ahora en territorios como la Amazonía brasileña. Aquí es donde emerge una tensión inquietante: ¿qué sucede cuando el mismo terreno se utiliza simultáneamente tanto para generar créditos de carbono como para actividades extractivas como la minería?

¿Qué son los créditos de carbono y cómo funcionan?

Comencemos por lo fundamental. Los créditos de carbono son un mecanismo ingenioso diseñado para incentivar la reducción de emisiones contaminantes en el planeta. Cada crédito de carbono representa una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) que ha dejado de emitirse a la atmósfera o que ha sido capturada y almacenada. Imagina que una empresa genera grandes cantidades de emisiones contaminantes en su operación diaria. En lugar de reducir necesariamente todas sus emisiones directamente (lo cual puede ser costoso), esa empresa puede comprar créditos de carbono generados por otras actividades que sí reducen o eliminan carbono de la atmósfera.

El sistema funciona de una manera relativamente simple pero efectiva. Una empresa, proyecto o agricultor que implementa prácticas que reducen emisiones o capturan carbono puede documentar estas reducciones a través de un proceso riguroso de medición, reporte y verificación conocido como MIV. Una vez que estas reducciones son certificadas por organismos especializados, se convierten en créditos que pueden ser vendidos en lo que se conoce como “mercados de carbono”. Las empresas que desean compensar sus emisiones compran estos créditos, efectivamente financiando proyectos de reducción de carbono en otras partes del mundo.

El modelo de negocio es atractivo porque beneficia a ambas partes. Por un lado, las empresas que generan créditos obtienen ingresos adicionales por hacer lo correcto ambientalmente. Por otro lado, las empresas que compran créditos pueden informar en sus reportes de sostenibilidad y gobernanza ambiental, social y económica (ESG) que están compensando sus emisiones, lo que las ayuda a atraer inversiones y acceder a financiamiento verde. Sin embargo, como sucede frecuentemente con los mecanismos de mercado, la realidad se vuelve más complicada cuando los incentivos económicos chocan con intereses extractivos.

Los créditos de carbono en la agricultura: un modelo aparentemente ganador

La agricultura ha emergido como uno de los sectores más prometedores para generar créditos de carbono. Los agricultores pueden implementar prácticas sostenibles que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones o que aumentan la capacidad del suelo para almacenar carbono. Estas prácticas incluyen la implementación de agricultura regenerativa, que es una forma de cultivar que mejora la calidad del suelo mientras captura más carbono en el terreno.

El atractivo económico es considerable. Según los datos disponibles, cada tonelada de carbono capturada puede generar créditos que alcanzan valores de entre 30 a 45 euros en el mercado. Esto significa que una hectárea de cultivo podría recibir ingresos adicionales de aproximadamente 60 euros por los créditos de carbono generados en ella. Aunque podría parecer una cantidad modesta, para muchos agricultores representa un incentivo real para cambiar sus prácticas hacia modelos más sostenibles.

Estudios recientes sugieren que la agricultura regenerativa puede ser hasta un 60% más rentable que los métodos agrícolas tradicionales después de seis años de implementación. Los beneficios no son solo económicos, sino que también incluyen la regeneración del suelo, la protección de la biodiversidad y la mejora de la capacidad del terreno para retener agua y nutrientes. En Europa, específicamente, los objetivos son ambiciosos: se busca alcanzar la neutralidad climática para 2050, reduciendo un 55% de las emisiones totales a nivel nacional hasta 2030.

Proyectos piloto como el de The Regen Academy en España ya están en marcha, con participación de 5,000 hectáreas de cultivos en toda la geografía española. El proceso implica medir el carbono en los suelos agrícolas antes de implementar prácticas de agricultura regenerativa y luego volver a tomar las mismas mediciones dos años después. Con esos datos se generan los créditos que pueden ser comercializados, pero con una restricción importante: solo pueden venderse a empresas que demuestren que están reduciendo activamente sus emisiones.

El conflicto entre los créditos de carbono y la minería: el caso amazónico

Hasta aquí, el panorama de los créditos de carbono parece prometedor e inequívocamente positivo. Sin embargo, la realidad en territorios como la Amazonía brasileña revela una tensión fundamental que cuestiona la verdadera efectividad de estos mecanismos. Se ha descubierto que más de la mitad de los créditos de carbono generados en áreas de la Amazonía brasileña están involucrados en proyectos que se traslapan con operaciones de minería. Esta superposición no es accidental; representa un uso deliberado del mismo territorio como “activo financiero” para atraer inversiones tanto del sector minero como del mercado de carbono simultáneamente.

La investigadora Marcela Vecchione Gonçalves, del Centro de Estudios Alto Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, ofrece una perspectiva clara sobre esta paradoja: “Estamos frente a una economía altamente destructiva por un lado, que es la minería, y a una economía supuestamente verde por el otro, ambas en el mismo territorio. Se está utilizando la misma zona como activo financiero para atraer inversiones tanto de la industria minera como del mercado de carbono, lo que es absolutamente incompatible.” Esta incompatibilidad fundamental crea un conflicto irreconciliable entre dos modelos económicos que no pueden coexistir en el mismo espacio físico.

Consideremos en términos de números concretos el alcance del problema. Aproximadamente el 40% de los procesos mineros en conflicto con zonas de créditos de carbono están en fase de exploración, la etapa inicial que permite la excavación y la supresión de la vegetación. Otro 21% son solicitudes de instalación de explotaciones mineras, y al menos 33 procesos (3.8%) cuentan con una concesión estatal que autoriza la operación completa de la mina. El mineral más solicitado en las áreas donde se generan créditos de carbono es el oro, con al menos 239 solicitudes registradas, seguido por 134 solicitudes para bauxita y 68 para casiterita.

El caso emblemático: Proyecto Maísa REDD+

Un ejemplo concreto ilustra perfectamente cómo este conflicto se materializa en la práctica. El Proyecto Maísa REDD+, ubicado en el municipio de Moju en Pará, fue un proyecto de conservación que generó 635,000 créditos de carbono vendidos a 317 compradores. Entre los compradores de estos créditos figuraban marcas globales de renombre como Uber, Google, Giorgio Armani, AstraZeneca y TIM, entre otras. Estas empresas estaban pagando por la conservación de bosque amazónico que se suponía estaría protegido permanentemente.

Sin embargo, en 2022, la empresa Maísa Agropecuária simplemente decidió abandonar el proyecto de carbono y rescindió su contrato de preservación, que estaba diseñado para durar 30 años. Desde entonces, el área ha sido convertida para operaciones de minería y haciendas ganaderas. La deforestación en la zona se disparó, y en 2023 la ANM (Agencia Nacional de Minería) emitió cinco autorizaciones para minería de tierras raras en el área que previamente había sido destinada al proyecto de carbono. Las tierras raras son minerales considerados estratégicos para la transición energética global, lo que explica el valor económico detrás de estas concesiones.

El resultado es devastador en términos ambientales: se han talado más de 6,400 hectáreas de bosque en la propiedad desde 2022. Esto significa que aproximadamente 635,000 créditos de carbono que fueron vendidos, certificados y comprados por empresas multinacionales se convirtieron en algo esencialmente hueco. El carbono que se suponía no sería liberado porque el bosque estaría protegido ha sido reintroducido en la atmósfera a través de la deforestación masiva.

¿Cómo respondieron los certificadores de créditos de carbono?

Frente a estos hallazgos, Verra, la principal certificadora mundial de créditos de carbono, argumenta que posee mecanismos para gestionar casos donde los proyectos de compensación climática se traslapan con áreas con concesiones mineras. Según Anne Thiel, portavoz de la certificadora, antes de que se puedan emitir créditos, los proyectos pasan por un proceso de validación y revisión de precisión, durante el cual se analizan cuestiones como los derechos sobre la tierra y posibles superposiciones con áreas mineras.

En teoría, si una concesión minera está activa en el momento del registro del proyecto de carbono, el área en cuestión tiende a ser excluida del alcance del proyecto. Más relevante para casos como el de Maísa, si la minería se autoriza después del registro o emisión de los créditos, el proyecto probablemente tendrá que excluir esa parcela y asumir de forma conservadora que toda la emisión realizada en el área se ha perdido. En casos así, la certificadora considera que hay una “reversión inevitable”, es decir, que el bosque que debería estar protegido ha sido deforestado, lo que puede llevar incluso a la interrupción del proyecto.

Sin embargo, el problema reside en la ejecución y en la realidad práctica. Al menos seis proyectos de carbono identificados en áreas de minería han sido suspendidos después de que Verra constató irregularidades. Pero antes de que estas suspensiones ocurrieran, algunos de estos proyectos ya habían vendido millones de créditos a compradores corporativos globales. Esto significa que el daño estaba ya hecho: las empresas habían compensado sus emisiones sobre la base de promesas de conservación que no se cumplieron.

El impacto en los incentivos a operaciones mineras

Ahora es posible entender el verdadero impacto de los créditos de carbono en el contexto de las operaciones mineras. En lugar de desincentivar la minería, los créditos de carbono pueden estar generando incentivos perversos que hacen más atractiva la actividad minera en territorios que de otro modo estarían protegidos. He aquí cómo funciona la lógica financiera perversa:

Primero, generación de ingresos simultáneos: Una empresa o propietario de tierras puede obtener ingresos de dos fuentes simultáneamente durante un período inicial. Vende créditos de carbono basados en la conservación del bosque mientras, de manera paralela, obtiene concesiones mineras en el mismo territorio. Los créditos de carbono generan ingresos inmediatos de los compradores corporativos globales, mientras que las concesiones mineras prometen ingresos significativos cuando finalmente se desarrollan las operaciones.

Segundo, valorización artificial del territorio: El territorio aumenta su valor porque se lo presenta como un “activo financiero” multipropósito. Puede ser vendido a compradores de créditos de carbono como una zona de conservación y simultáneamente presentado a empresas mineras como un área con potencial de recursos naturales valiosos. Esta dual valorización permite extraer máximo valor económico del mismo terreno.

Tercero, dilución de responsabilidad: Cuando una operación minera finalmente procede y destruye el bosque anteriormente “protegido” por créditos de carbono, la responsabilidad se dispersa entre múltiples partes. El propietario original de las tierras ya obtuvo sus ingresos de los créditos. El certificador de carbono puede argumentar que no fue responsable del cambio en la clasificación del suelo. Las empresas que compraron los créditos pueden argumentar que actuaron de buena fe comprando compensaciones certificadas. El sistema se comporta de tal manera que nadie es verdaderamente responsable del fracaso ambiental.

Implicaciones para la transición energética global

La paradoja de los créditos de carbono y la minería adquiere dimensiones aún más complejas cuando se considera que parte de la minería que ocurre en territorios como la Amazonía consiste en la extracción de “minerales estratégicos” para la transición energética. Las tierras raras, por ejemplo, son esenciales para la manufactura de paneles solares, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos.

Esto crea una paradoja moral y ambiental profunda: estamos destruyendo bosques primarios, que son sumideros de carbono entre los más valiosos del planeta, para extraer minerales que nos permitirán transitar hacia una economía de energía renovable. El carbono emitido por la destrucción de la Amazonía presumiblemente excede el carbono que será evitado en décadas futuras gracias a los paneles solares y turbinas eólicas fabricadas con estos minerales. Además, el impacto en la biodiversidad, en los pueblos indígenas que habitan esos territorios y en la estabilidad climática regional es devastador e irreversible.

¿Qué sucede cuando los créditos de carbono son anulados?

Teóricamente, cuando la minería procede en un área donde se han emitido créditos de carbono, esos créditos deberían ser anulados. En la práctica, sin embargo, el daño ya ha ocurrido. Las empresas que compraron los créditos ya los utilizaron en sus informes de sostenibilidad y ESG. Estos informes fueron utilizados para atraer inversores y acceder a financiamiento verde. El “lavado verde” o greenwashing ya se habrá perpetrado, aunque posteriormente se descubra que los créditos fueron nulos.

Además, los compradores corporativos de créditos de carbono frecuentemente argumentarán que actuaron de buena fe comprando productos certificados por organismos respetables. La compensación que proporcionan a las poblaciones afectadas por la posterior minería es prácticamente inexistente. El verdadero costo ambiental es asumido por los bosques, la biodiversidad y las comunidades indígenas del Amazonas, no por las corporaciones multinacionales que compraron los créditos.

El futuro de los créditos de carbono y la necesidad de reforma

A pesar de estos problemas sustanciales, el mercado de créditos de carbono continúa expandiéndose, especialmente en el sector agrícola, donde los conflictos directos con la minería son menos comunes. En Europa, se busca que la agricultura contribuya a objetivos climáticos ambiciosos mientras genera ingresos adicionales para agricultores. En teoría, este modelo puede funcionar porque los agricultores no tienen intereses en abandonar sus operaciones de carbono en favor de actividades extractivas como la minería.

Sin embargo, el caso amazónico demuestra que el sistema de créditos de carbono requiere reformas estructurales significativas. Estas incluyen:

• Verificación ex-ante más rigurosa: Los certificadores deben realizar investigaciones más profundas sobre la estabilidad legal del terreno y la probabilidad de que concesiones mineras futuras puedan afectar el proyecto.
• Protección legal de largo plazo: Los créditos de carbono solo deberían ser emitidos para áreas donde exista protección legal vinculante que imposibilite la minería o desarrollo destructivo posterior.
• Responsabilidad de compradores: Las empresas que compran créditos de carbono deberían tener responsabilidad legal si posteriormente se descubre que los créditos fueron emitidos de forma fraudulenta o basados en premisas que no se cumplieron.
• Participación comunitaria: Las comunidades indígenas y locales cuyos territorios están siendo utilizados para generar créditos de carbono deberían tener poder de veto sobre proyectos que comprometan sus derechos territoriales.

Conclusión: El carbono que esconde el oro

Los créditos de carbono representan un mecanismo de mercado genuinamente innovador para incentivar la reducción de emisiones y la protección de sumideros de carbono. En contextos como la agricultura europea, donde no existen conflictos fundamentales de uso del suelo, pueden ser efectivos para motivar prácticas más sostenibles mientras generan ingresos adicionales para agricultores. Sin embargo, en territorios como la Amazonía brasileña, estos créditos se han convertido en herramientas que facilitan una explotación simultánea de los mismos espacios por intereses mineros y de conservación, resultando inevitablemente en la victoria de los primeros.

La pregunta que debe guiar la reforma del sistema es fundamental: ¿Realmente estamos protegiendo bosques, o solo estamos creando la ilusión de protección mientras permitimos que empresas mineras extraigan valor del mismo territorio? El caso de Maísa REDD+, donde 635,000 créditos de carbono fueron vendidos a empresas multinacionales solo para que el bosque fuera posteriormente deforestado para minería, demuestra que el sistema actual permite que ambas cosas sucedan simultáneamente. El impacto de los créditos de carbono en los incentivos a operaciones mineras no es un desincentivo, sino paradójicamente, un incentivo adicional: permite que los propietarios de tierra extraigan valor de dos economías contradictorias simultáneamente.

Te invitamos a reflexionar: Cuando compras un producto de una empresa que afirma compensar sus emisiones de carbono, ¿cómo podrías verificar que los créditos de carbono que esa empresa compró son realmente efectivos y no parte de algún esquema de “lavado verde”? ¿Qué cambios crees que son necesarios en el sistema global de créditos de carbono para asegurar que funcionan como se promete y no se convierten en herramientas que permiten la explotación simultánea de territorios? Profundiza en estas preguntas, investiga el origen de los créditos que compran las marcas que consumes, y sé consciente de que, detrás de cada promesa de sostenibilidad corporativa, puede haber una historia más compleja de la que aparenta.