Las remesas han sido un motor económico esencial para América Latina durante décadas, y su evolución acompaña los cambios tecnológicos y políticos globales. A medida que el mundo se adentra en una era digital, las remesas tokenizadas, es decir, transferencias de dinero basadas en criptomonedas —especialmente stablecoins vinculadas al dólar u otras monedas estables—, están transformando radicalmente la manera en que millones de familias reciben y utilizan estos recursos. Pero, ¿cómo impactan estas remesas digitales específicamente en la economía local de LATAM en 2025, considerando que el entorno regulatorio varía de país a país?
Tabla de Contenido
- ¿Qué es una remesa tokenizada?
- El auge de las remesas digitales en 2024-2025
- Ventajas económicas y sociales de las remesas tokenizadas
- Ejemplo práctico
- Retos y preocupaciones regulatorias: realidades diversas según el país
- México
- El Salvador
- Argentina
- Centroamérica y Caribe
- Brasil
- Impacto en la economía local
¿Qué es una remesa tokenizada?
Hablar de remesas tokenizadas puede parecer ciencia ficción, pero en realidad se trata de un proceso relativamente sencillo respaldado por la tecnología blockchain. En esencia, una persona en el extranjero convierte su divisa (por ejemplo, dólares) en tokens o criptomonedas estables (conocidas como stablecoins, tales como USDT o USDC) a través de una plataforma digital. Estos tokens se transfieren instantáneamente y de forma segura a un destinatario en un país latinoamericano, quien puede convertirlos en su moneda local o utilizarlos directamente si son aceptados.
A diferencia de las transferencias tradicionales, que frecuentemente involucran bancos, intermediarios, tarifas elevadas y tiempos de espera prolongados, las remesas tokenizadas prometen ser más rápidas, económicas y, en muchas ocasiones, eludir las restricciones cambiarias impuestas por los gobiernos locales.
El auge de las remesas digitales en 2024-2025
En 2024, Latinoamérica recibió 161 mil millones de dólares en remesas, un récord histórico que representa un crecimiento del 5% con respecto al año anterior y confirma la relevancia de estos flujos para la región. Países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua encabezan la lista regional, donde las remesas representan entre un 10% y hasta un 27% del PIB, siendo vitales para el consumo y el bienestar de millones de hogares.
Eventos recientes, como el debate sobre un posible impuesto del 3,5% a las remesas en EE. UU. para migrantes no nacionalizados, han poner aún más a prueba los sistemas tradicionales y han impulsado el uso de alternativas como las stablecoins. Ante este contexto, las criptomonedas y los tokens digitales están ganando terreno como una solución eficiente y menos costosa para el envío de dinero al extranjero.
Ventajas económicas y sociales de las remesas tokenizadas
- Reducción de costos en transferencias: Los intermediarios tradicionales pueden cobrar tarifas de hasta el 10% del monto total. En contraste, las remesas tokenizadas, utilizando blockchain, suelen reducir estas comisiones a menos del 1%. Esta diferencia puede representar semanas adicionales de alimentos o educación para una familia latinoamericana.
- Velocidad en los envíos: Mientras que una transferencia bancaria internacional puede tardar varios días, los tokens pueden enviarse y recibirse en minutos, independientemente de feriados o zonas horarias.
- Mejora en la inclusión financiera: Muchas personas en LATAM no tienen acceso a servicios bancarios convencionales, pero sí cuentan con un teléfono inteligente. Las plataformas de cripto permiten que casi cualquier persona reciba dinero, incluso si vive en zonas rurales o alejadas.
- Resiliencia ante restricciones cambiarias: Países como Argentina, con un fuerte control de divisas y alta inflación, encuentran en las remesas tokenizadas un escaparate para sortear el cepo cambiario, mantener el valor del dinero y evitar perder poder adquisitivo por devaluaciones súbitas.
Ejemplo práctico
Imagina que Ana, desde Estados Unidos, envía 300 dólares a su familia en Argentina. Si utiliza una casa de cambio convencional, puede costarle más de 25 dólares en tarifas, y los fondos tardarán varios días en estar disponibles. Si opta por stablecoins, el costo se reduce a menos de 3 dólares, y su familia tiene acceso al dinero en minutos, además de protegerse parcialmente de la devaluación del peso.
Retos y preocupaciones regulatorias: realidades diversas según el país
El impacto de las remesas tokenizadas depende, en gran medida, de la postura que adopte cada gobierno frente a las criptomonedas. La regulación es heterogénea en Latinoamérica, y abarca desde la promoción activa y regulación clara hasta la prohibición total o la ausencia de normativas específicas.
México
México continúa siendo el principal receptor de remesas en la región, actuando como un laboratorio para soluciones digitales. El gobierno ha regulado el sector fintech, permitiendo que plataformas que cumplan ciertos requisitos operen con criptoactivos. Sin embargo, bancos y autoridades monitorean de cerca la actividad para evitar el lavado de dinero. El interés por las stablecoins ha crecido, sobre todo ante la amenaza de impuestos a las remesas desde EE. UU., lo que ha llevado a una migración de flujos desde el sistema bancario tradicional hacia plataformas digitales.
El Salvador
El Salvador ha sido pionero mundial en la adopción de criptomonedas, al declarar a Bitcoin como moneda de curso legal desde 2021. Esto ha facilitado tanto la educación en el uso de activos digitales como el desarrollo de infraestructuras para el envío y recepción de remesas cripto. No obstante, el uso masivo de stablecoins persiste, dada la volatilidad inherente al Bitcoin, mientras se consolida la educación en herramientas de custodia digital entre la población.
Argentina
Con restricciones cambiarias severas, alta inflación y control de capitales, Argentina se ha convertido en un terreno fértil para las remesas tokenizadas y el uso de criptoactivos. Las regulaciones buscan imponer controles tributarios y de “conocimiento al cliente” (KYC), pero las stablecoins son vistas como una tabla de salvación para familias que reciben dinero del exterior, permitiendo el acceso a dólares digitales sin recurrir al mercado oficial.
Centroamérica y Caribe
Naciones como Guatemala, Honduras y República Dominicana dependen enormemente de las remesas (más del 10% del PIB en muchos casos). La regulación es menos estricta que en México o Brasil, y la adopción de stablecoins está en aumento, especialmente impulsada por migrantes en EE. UU. que buscan abaratar los envíos y evitar nuevos impuestos propuestos. Sin embargo, la falta de regulación específica puede generar incertidumbre y riesgos relacionados con fraudes o la pérdida de fondos en plataformas no reguladas.
Brasil
Brasil, con un mercado financiero más desarrollado y un enfoque regulatorio pragmático, avanza en la integración de soluciones cripto bajo la vigilancia del Banco Central. La tokenización de activos y la interoperabilidad con el sistema bancario abren la puerta a remesas más seguras, aunque también exigen cumplimiento con requisitos estrictos de identificación y reporte de operaciones sospechosas.
Impacto en la economía local
Las remesas tokenizadas están transformando las economías de América Latina al reducir drásticamente los costos y tiempos de envío, liberar cientos de millones de dólares adicionales para consumo y ahorro familiar, y fomentar la inclusión financiera a través de plataformas móviles accesibles incluso en zonas rurales. Al migrar parte del flujo de remesas hacia stablecoins, los hogares se protegen de la inflación y las restricciones cambiarias —como en Argentina— mientras en México y Brasil impulsan el crecimiento de fintechs y la interoperabilidad entre cripto y banca tradicional. En El Salvador, la legalización de criptoactivos ha dinamizado el comercio y la educación financiera digital, y en Centroamérica y el Caribe, la adopción de tokens digitales permite destinar más recursos a necesidades básicas. Este auge plantea además nuevos desafíos regulatorios y de compliance, incentivando a gobiernos y empresas a fortalecer sus sistemas de monitoreo (KYC/AML) y a promover marcos legales que impulsen la innovación sin sacrificar la seguridad.